[Publicado en ADN.es el 23 de octubre de 2007]
Varios expertos consideran que la separación del presidente choca con la Constitución | La situación tiene su origen en un reforzamiento de la inmunidad bajo el mandato de Chirac | El debate agita la blogosfera francesa aunque un recurso del fiscal es improbable
¿El presidente francés tiene derecho a divorciarse? La pregunta, a primera vista incongruente en una democracia, agita la blogosfera desde que se rumoreara la separación del presidente en cargo, Nicolas Sarkozy. Ahora que la noticia es oficial, muchos juristas comparten sus dudas respecto a la legalidad del divorcio y exponen sus argumentos en los medios de comunicación y, sobre todo, en la Red.
Los especialistas en Derecho Constitucional consideran que la ruptura choca con la inmunidad presidencial. Opinan que desde su revisión en el último año del mandato de Jacques Chirac, esta protección legal es tan amplia que puede impedir que el jefe del Estado se presente ante un juez, aun en un caso tan privado como una separación sentimental. O sea, que según sus análisis, quien está encargado de "velar por el respeto a la Constitución" -así lo indica el propio texto-, la ha violado.
"¡Eso es repudio!"
Todo este enredo jurídico tiene su origen en la revisión constitucional impulsada por Chirac en 2007. Con 78 años, Robert Badinter, quien fuera ministro de Justicia de François Mitterrand, se indignó entonces con el mismo vigor que el que empleó para enterrar la pena de muerte hace 25 años. "La mujer del presidente de la República sería la única francesa que no pudiera divorciarse, durante cinco años [la duración del mandato presidencia] o diez años, salvo si su esposo se lo consiente: ¡eso es repudio!". Con ocasión de una intervención en el Senado, Badinter advertía así a su entonces sucesor en el cargo, Pascal Clément, de los peligros de su reforma constitucional sobre el estatuto legal del jefe de Estado, porque le otorgaba "una extraordinaria inmunidad total".
Ocho meses después, los juristas consideran que Badinter profetizó el impasse jurídico que protagoniza la separación de la pareja presidencial. Casi todos coinciden en ver imposible un divorcio contencioso, tal y como advertía el senador socialista, y varios opinan que inclusive la modalidad de divorcio consensuado -la elegida por Nicolas y Cécilia Sarkozy, posible cuando los dos esposos se ponen de acuerdo- va en contra de la Constitución.
"El presidente no podrá [...] ser requerido para testificar ni ser objeto de una acción o acto de información, instrucción o acusación"
Frédéric Rolin, profesor de Derecho Público en la Universidad Paris X Nanterre, argumenta mediante cinco preguntas colgadas en su blog por qué "el presidente probablemente no puede divorciarse, sea cual fuere la modalidad empleada, por la inmunidad que deriva del artículo 67 de la Constitución". Dicho artículo menciona que el presidente "no podrá, durante su mandato y ante ninguna jurisdicción o autoridad administrativa francesa, ser requerido para testificar ni ser objeto de una acción o acto de información, instrucción o acusación". Otros blogueros, como Jules, han expuesto argumentos similares y también han suscitado decenas de comentarios.
Fuera de la Red, un artículo en el semanal Le Point de Guy Carcassonne, quien ha asesorado tanto al ex primer ministro socialista Lionel Jospin como a Nicolas Sarkozy, también ha sorprendido a sus lectores. Defiende en ello la imposibilidad de un divorcio contencioso por "la necesidad de proteger al presidente contra el acoso".
La letra y el espíritu
Aunque el texto es contundente, deja cierto margen para interpretar su espíritu, es decir, la voluntad de los que prepararon el proyecto. Por ejemplo, el entonces ministro de Justicia, Pascal Clément, contestó a Badinter que con la revisión constitucional se trataba de proteger al presidente contra el acoso mediático en caso de que se le acusara de infringir la ley, para que pudiera seguir representando al Estado sin perder su credibilidad.
Pero Rolin apunta, en declaraciones a ADN.es, que hay que referise a textos parlamentarios, como los trabajos de preparación redactados por los parlamentarios, que indican que la intención era que el jefe de Estado escapara a cualquier procedimiento legal, fuera penal o civil.
El único argumento que el profesor acepta es uno que presenta un abogado, autor de un popular blog jurídico. Maître Eolas -el seudónimo con el que firma sus notas- argumenta en su bitácora que en el caso de un divorcio de acuerdo mutuo, el juez tiene la posibilidad, no la obligación, de ordenar las "acciones o actos de información" mencionadas en el artículo 67. Si se considerara lo bastante informado, podría pronunciar el divorcio sin este tipo de precauciones previstas por la ley.
"Eso sí que se puede debatir", reconoce Rolin. El profesor sostiene que el juez no puede renunciar a las opciones que le ofrece la ley sin abandonar su competencia, mientras que el abogado cree que sí. "Son dos tesis, es relativamente imposible decidirse por una de las dos", dice Rolin.
Nadie para apelar
"La revisión de la Constitución se hizo con precipitación y fue muy mal redactada", dice el universitario
Quien tendría que rendir este juicio salomónico son los tribunales de apelación. Pero es muy poco probable que alguien apele. "Lo puede hacer la Fiscalía, así tendríamos una respuesta definitiva", dice el universitario. "Pero no tiene ningún interés en hacerlo y el sentido común nos lleva a arreglos jurídicos", porque sería absurdo impedir el divorcio, matiza. "Con todo, haciendo arreglos con la Constitución, creamos un precedente y corremos el riesgo de vaciar el texto de su contenido".
Un precedente que serviría, por ejemplo, en el hipotético caso de un conflicto posterior entre los ex esposos Sarkozy. Si el presidente no respetara sus compromisos con Cécilia Ciganer-Albéniz, Rolin ve imposible "que esperara cinco años para reclamar. Pero eso revela que la revisión de la Constitución se hizo con precipitación y fue muy mal redactada".
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